Fortalecer las capacidades del país para prevenir adecuadamente la violencia juvenil, y lograr que la niñez, adolescencia y juventud alcancen una mejor calidad de vida a través de acciones coherentes y coordinadas de todas las instancias del Estado, que permitan la inserción de la juventud en riesgo a la vida social, política, económica y productiva nacional.
a) Incorporar a las comunidades más afectadas por la violencia y delincuencia juvenil en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de programas y proyectos de prevención de la violencia juvenil a través de los gobiernos locales y los COMUDES.
b) Fomentar la valoración de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como sujetos de pleno derecho, protagonistas de su propio desarrollo, así como el futuro Capital Humano del país, reduciendo con ellos los prejuicios existentes en torno a algunas conductas juveniles no delictivas (uso de tatuajes, por ejemplo).
c) Promover acciones encaminadas a la sensibilización de la administración pública, Policía Nacional Civil, Congreso de la República, de la administración de justicia, de los medios de comunicación y de la sociedad en general sobre la necesidad de fomentar y practicar una cultura de paz, cultura de democracia participativa con respeto a los Derechos Humanos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
d) Incidir en grupos específicos y estratégicos de la población que, por su naturaleza y condición, puedan convertirse en multiplicadores de procesos educativos y recreativos que permitan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes vulnerables y en riesgo hacer un uso positivo de su tiempo libre
e) Promover programas orientados a la formación educativa y laboral de los jóvenes vulnerables y en riesgo para proporcionarles una opción de trabajo para una vida
diferente a la callejización.
