Establece el derecho de las mujeres al acceso y a la participación activa en la toma de decisiones de entes públicos y privados del país. Plantea que las instituciones del Gobierno Central, descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros y aquellas reguladas por estos, tengan en su estructura organizacional un 30% de mujeres en la totalidad de sus cargos (Junta directiva, consejo de administración u organismos similares, de designar, como mínimo).
Llegar en el transcurso de tres años a partir de su entrada en vigencia, con al menos 30% de participación de mujeres en las juntas directivas de las instituciones de Gobierno Central, descentralizadas, empresas públicas, intermedios financieros y los reguladores por estos, incluyéndola empresas de capital mixto.