Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial

En América Latina existe una cuantiosa población afrodescendiente —estimada en 134 millones de
personas a 2020—, que presenta una elevada heterogeneidad demográfica y sociopolítica entre los países y
dentro de ellos. Además de compartir orígenes, cultura e identidad, las personas afrodescendientes afrontan
problemáticas sociales cuyas características centrales han sido la esclavización, la colonización, la
discriminación y la exclusión, como fue reconocido en la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada por las Naciones
Unidas en Durban (Sudáfrica) en 2001. Aunque la información es fragmentaria, las desigualdades
observadas en los indicadores sobre condiciones de vida en desmedro de las poblaciones afrodescendientes constituyen una expresión de la discriminación y el racismo estructural que les afecta, como también lo es la invisibilidad de estas personas en las políticas y programas.

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Decenio Internacional para los
Afrodescendientes (resolución 68/237), que abarca el período comprendido entre 2015 y 2024, citando la
necesidad de fortalecer la cooperación nacional, regional e internacional en relación con el pleno disfrute
de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las personas de ascendencia
africana, y su plena e igualitaria participación en todos los aspectos de la sociedad. De allí la relevancia de
su inclusión en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Cabe señalar que, si bien el
Programa de Acción de la CIPD no incluyó de manera explícita la situación de las personas
afrodescendientes, en las revisiones quinquenales realizadas en la región se ha ido incorporando de
manera creciente a estos grupos poblacionales.

Además de los mecanismos específicos de seguimiento a la implementación de los derechos de
las personas afrodescendientes, se deben articular acciones junto con otras instancias y contrapartes, como
el UNFPA, la OPS y el UNICEF, entre otros. La medida prioritaria 98, relativa a generar conocimiento e
información actualizada desagregada, es fundamental para la formulación y aplicación de políticas sobre
población y desarrollo y personas afrodescendientes, como también para la promoción y el seguimiento
de la implementación de los derechos. En este sentido, es imperioso realizar un seguimiento en conjunto
con la CEA-CEPAL y los organismos del sistema de las Naciones Unidas.