Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos
Países de la región que tienen instrumentos sobre C. Envejecimiento y protección social
Políticas e instrumentos
El envejecimiento de la población es un fenómeno mundial. En 2022, hay 91 millones de personas mayores en América Latina y el Caribe, cifra que representa el 14% de la población regional (que suma 665 millones de personas). Y el número de personas mayores aumentará en el futuro. En 2030, esta población ascenderá a 118 millones y constituirá el 16,7% de la población total. En 2050, cuando el envejecimiento esté presente en prácticamente todos los países de la región, habrá alrededor de 190 millones de personas mayores, que representará el 25% de la población regional.
Las ganancias en la expectativa de vida de la población han sido notables en los últimos 50 años.Una vida más larga conlleva oportunidades cuando se disfruta de buena salud, pero la realidad regional demuestra que la comprensión de la morbilidad todavía es limitada y que se vive más, pero no siempre con buena calidad de vida. Como resultado, los costos en salud per cápita de la población de 65 años y más son tres a cinco veces más altos que los de los jóvenes. El envejecimiento afecta también las pensiones y jubilaciones, debido a que los beneficiarios serán más numerosos y las prestaciones deberán extenderse durante un período mucho más largo.
La adaptación de los sistemas de protección social conlleva la integración de tres pilares básicos: pensiones, atención básica de salud y servicios sociales para la autonomía. Los tres actúan en conjunto para cerrar las brechas de protección y desarrollar capacidades. Los pilares de las pensiones y la salud corresponden a mínimos sociales que deben funcionar como piso de la protección social, y garantizar este piso es responsabilidad directa del Estado. Los servicios sociales para la atención de la autonomía, por su parte, operan en los planos de la prevención y la reparación, y deben asumirse como una responsabilidad pública y sostenerse por medio de una red de protección que enlace el piso mínimo de protección social y atención de la salud con otras prestaciones sociosanitarias dirigidas a reforzar la atención de las personas mayores.
Medidas prioritarias
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C.18 - Envejecimiento de calidad
Formular políticas con perspectiva de género que aseguren un envejecimiento de calidad, tanto para las personas que viven en las ciudades como en el campo y la selva. -
C.19 - Estructura por edades en políticas y programas
Formular y ejecutar políticas, planes, y programas públicos —a todos los niveles político-administrativos— para que consideren la evolución de la estructura por edades, en particular el envejecimiento de la población, y las oportunidades y desafíos asociados a esta evolución en el mediano y largo plazo. -
C.20 - Calidad de vida y participación plena de las personas mayores
Desarrollar políticas a todo nivel (nacional, federal y local) tendientes a garantizar la calidad de vida, el desarrollo de las potencialidades y la participación plena de las personas mayores, atendiendo a las necesidades de estímulos (intelectuales, afectivos y físicos) y contemplando la diferente situación de hombres y mujeres, con especial énfasis a los grupos más susceptibles de discriminación (personas mayores con discapacidad, carentes de recursos económicos y/o cobertura previsional y personas mayores que viven solas y/o no cuentan con redes de contención). -
C.21 - Participación equitativa de personas mayores en el diseño y aplicación de políticas
Asegurar la incorporación y participación equitativa de las personas mayores en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas que les conciernen. -
C.22 - Erradicar la discriminación hacia las personas mayores
Erradicar las múltiples formas de discriminación que afectan a las personas mayores, incluyendo todas las formas de violencia contra mujeres y hombres mayores, teniendo en cuenta las obligaciones de los Estados con respecto a un envejecimiento con dignidad y derechos. -
C.23 - Eliminar la violencia que afecta a las personas mayores
Establecer o consolidar programas de derechos humanos que enfrenten y eliminen las violencias en la esfera pública y privada, que afectan a las personas mayores. -
C.24 - Prioridad a las personas mayores
Otorgar la más alta prioridad a las personas mayores en los planes de prevención, mitigación y atención de desastres, incluidas la preparación para los desastres, la capacitación de trabajadores en la prevención y atención de situaciones de emergencia y la disponibilidad de bienes y servicios. -
C.25 - Solidaridad intergeneracional
Formular políticas destinadas a aprovechar la oportunidad única que ofrece el bono demográfico, que incluyan de manera articulada la inversión en educación y salud y la generación de empleo decente sobre la base de la solidaridad intergeneracional. -
C.26 - Políticas de salud adecuadas
Adecuar las políticas de salud a los desafíos del variado y cambiante perfil epidemiológico resultante del envejecimiento y la transición epidemiológica, reforzando la lucha para erradicar las enfermedades transmisibles e implementando acciones de prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas tradicionalmente denominadas no transmisibles, pero que hoy sabemos, tienen una fuerte impronta de las influencias de las condiciones de vulnerabilidad social y económica en los primeros años de la vida de las personas. Estas políticas deben tener en cuenta especificidades de género, edad, regiones, grupos étnicos y socioeconómicos. -
C.27 - Políticas públicas con prioridad en las personas mayores
Incorporar a las personas mayores como foco prioritario de las políticas públicas y como actores fundamentales en la formulación e implementación de las políticas orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores. -
C.28 - Vejez digna
Fomentar políticas de vida activa, productiva y de ahorro que permita a largo plazo vivir el envejecimiento dignamente. -
C.29 - Desarrollo y acceso a cuidados paliativos
Favorecer el desarrollo y acceso a cuidados paliativos, para asegurar una muerte digna y sin dolor. -
C.30 - Protección social para las personas mayores
Promover el desarrollo de prestaciones y servicios en seguridad social, salud y educación en los sistemas de protección social destinados a las personas mayores que avancen en calidad de vida, seguridad económica y justicia social. -
C.31 - Derechos, dignidad y bienestar para las familias y personas mayores
Incluir el cuidado en los sistemas de protección social, mediante prestaciones, servicios sociosanitarios y beneficios económicos que maximicen la autonomía, en particular de las personas mayores, y garanticen los derechos, la dignidad y el bienestar de las familias y las personas mayores, incluyendo el derecho a una muerte digna y bien atendida, sin ningún tipo de discriminación ni violencia. -
C.32 - Protección y seguridad social con perspectiva de género
Ampliar los sistemas de protección y seguridad social, con perspectiva de género, incorporando a las mujeres que han dedicado sus vidas al trabajo productivo, trabajadoras domésticas, mujeres rurales y trabajadoras informales.
Instrumentos
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The National Employment Service (Nes)
The NES is Government’s free public employment service that provides job matching services, counselling to job-seekers as well as assistance in preparing for the world
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Monitoring And Enforcement Of The Maternity Protection Act, 1998
The Labour Inspectorate Unit (LIU) is the monitoring and enforcement arm of the Ministry of Labour with responsibility for compliance with the Maternity Protection Act
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Ageing, Social Protection And Socio-Economic Challenges
The National Policy on Ageing for Trinidad and Tobago (NPATT) was formulated circa 2007. The NPATT is based on several fundamental principles for older persons
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Ageing, Social Protection And Socioeconomic Challenges
Provides financial assistance to vulnerable persons 65 years and older who satisfies other criteria of income and resident.
Indicadores
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El país realiza acciones a favor de las personas mayores que coadyuvan al cumplimiento del objetivo de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
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Porcentaje de los trabajadores ocupados que cotizan en el sistema de seguridad social, por sexo y grupos de edad.
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Existencia de políticas, planes y programas públicos que consideran el impacto de la evolución de la estructura por edades en el mediano y largo plazo.
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Proporción de la población cubierta por sistemas o niveles mínimos de protección social, desglosada por sexo, niños, desempleados, ancianos, discapacitados, embarazadas, recién nacidos, víctimas de accidentes de trabajo, pobres y vulnerables (1.3.1 ODS).
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Porcentaje de centros de atención de salud que han incluido el cuidado paliativo como prestación básica.
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Porcentaje de personas mayores víctimas de violencia en los 12 meses anteriores que se lo notificaron a las autoridades competentes u otros mecanismos de resolución de conflictos reconocidos oficialmente.
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Porcentaje de instituciones gubernamentales que han implementado procedimientos y protocolos de atención preferencial para las personas mayores.
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Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las enfermedades respiratorias crónicas (Indicador 3.4.1 de los ODS).