Marco institucional
El Ministerio de Servicios Humanos y Seguridad Social de Guyana es el organismo encargado de manera permanente de formular políticas que garanticen la prestación eficaz de servicios sociales y de bienestar. Su objetivo principal es proporcionar niveles mínimos de protección social a los grupos vulnerables y desfavorecidos de la población. Además, actúa como la contraparte política y técnica de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe.
Por otro lado, la presentación del Informe Nacional Voluntario de Guyana sobre el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo es responsabilidad del Ministerio de Asuntos Parlamentarios y Gobernanza, que coordina la supervisión, la elaboración de informes, la implementación y el seguimiento de las obligaciones de Guyana en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos.
Para la elaboración del Informe 2018-2023, se estableció un mecanismo de coordinación nacional, liderado por el Ministerio de Asuntos Parlamentarios y Gobernanza en colaboración con el Ministerio de Servicios Humanos y Seguridad Social y el UNFPA. Este mecanismo facilitó el examen de los avances de Guyana en la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.
Participación
Guyana no ha establecido mecanismos que garanticen la participación de actores no gubernamentales en la institucionalidad de población y desarrollo encargada de dar seguimiento a la implementación del Consenso de Montevideo.
Sin embargo, en la Constitución de Guyana los artículos 212Q, 212S y 212U crean la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, la Comisión de los Pueblos Indígenas y la Comisión de los Derechos del Niño como órganos independientes. El artículo 212J (2)(g) establece que estas comisiones deben actuar como enlace con organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y otros actores (sociedad civil, entre otros) relevantes para abordar las preocupaciones de las personas. A pesar de estar vinculadas al Parlamento, su autonomía les permite colaborar con diversas entidades para garantizar el cumplimiento de los derechos de los grupos que representan.
La información sobre Institucionalidad proviene de los Informes Nacionales Voluntarios presentados por el país en 2019 y en 2023.