Los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, así como las entidades territoriales autónomas crearán y adoptarán las medidas necesarias para prevenir, atender, proteger y reparar a las mujeres víctimas de violencia, así como perseguir y sancionar a los agresores, en el marco de sus atribuciones asignadas.
Asimismo, modifica algunos delitos, crea nuevas tipificaciones y deroga algunas figuras delictivas consideradas discriminatorias en particular para las mujeres. Es por ello, que la mayoría de estos delitos pueden tener como víctimas y autores tanto a mujeres como a hombres, salvo el caso del feminicidio, aborto forzado, violencia económica, violencia patrimonial e incumplimiento de deberes de protección.
Establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.