La creación, aprobación y puesta en marcha de la nueva Ley Especial para la Protección de los Derechos de la Persona Adulta Mayor significa cumplir con algunos fines relevantes para el bienestar de las personas adultas mayores, entre los que se destacan:
La creación, aprobación y puesta en marcha de la nueva Ley Especial para la Protección de los Derechos de la Persona Adulta Mayor significa cumplir con algunos fines relevantes para el bienestar de las personas adultas mayores, entre los que se destacan:
Actualizar la normativa con un enfoque de derechos que tome en cuenta las diferentes necesidades de la población adulta mayor.
Contar con una institucionalidad que garantice el diseño, planificación, coordinación y monitoreo del conjunto de normas, políticas y acciones a favor de la protección integral de los derechos de los adultos mayores.
Una de las primeras acciones para implementar la Ley fue la creación del Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (CONAIPAM), cuyo objetivo está plasmado en el art. 1 de la ley de su creación y será el ente rector en materia de diseño, planificación, coordinación, ejecución y monitoreo del conjunto de políticas, planes, programas, normativas y acciones a favor de la protección integral de los derechos de las personas mayores. El consejo se encuentra integrado por representantes de varios ministerios e institutos públicos, así como por representantes municipales, del sector privado, y de fundaciones y asociaciones civiles que trabajen temas relacionados con el bienestar de los adultos mayores.
La normativa establece que las instituciones del Estado deberán realizar acciones que permitan la atención, prestación de servicios y protección de la población adulta mayor en el tema de salud, trabajo, previsión social, autonomía, patrimonio, vivienda, accesibilidad, emergencia y desastres, acceso a la justicia, educación, turismo, cultura y deporte, desarrollo local, entre otros.
En el marco de la implementación de la Ley, la Procuraduría General de la República (PGR), ha fortalecido algunas áreas de acción, como la que se relaciona con la provisión de identidad a las personas adultas mayores, con el objetivo de regular y garantizar este Derecho.
Con las medidas mencionadas, este procedimiento ha pasado de ser engorroso y burocrático a ser ágil, sencillo y económico para quienes lo solicitan. La Ley Especial para la Protección de la Persona Adulta Mayor, facilita la resolución del problema de la falta de identidad de manera definitiva.
Para facilitar el proceso de provisión de identidad ciudadana, basta con que la persona adulta mayor que carece de documentos de identificación acuda a la alcaldía municipal de su lugar de nacimiento para dar inicio al trámite, solicitando información a la alcaldía del lugar de residencia (si fuere distinto).
Con el informe de inexistencia del registro de asentamiento, se hace una resolución ordenando el registro y posteriormente, se libra informe al Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) y se entrega una certificación original de manera gratuita, a la persona interesada. El papel que juega la PGR es implementar mecanismos para dotar de identidad a las personas adultas mayores que se encuentran en centros asistenciales, hogares o residencias sustitutas y que por cualquier motivo no pueden proporcionar los elementos de esta.
Producto del trabajo realizado a la fecha se pueden ver algunos avances importantes:
-Instauración de nueva institucionalidad: Con la Ley, nace el Consejo Nacional de Atención Integral a los Programas de los Adultos Mayores (CONAIPAM), como instancia especializada para la atención de las personas adultas mayores de 60 años.
-Se han adoptado rápidamente mecanismos de apoyo para las personas adultas mayores en algunas instituciones del Estado, como el caso de la PGR que se menciona en la presente práctica priorizada.
-Se ha realizado un proceso de capacitación sobre la nueva Ley en los centros de atención para el adulto mayor a nivel nacional
Garantizar, proteger y promover el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en
condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona adulta mayor, por medio de políticas, planes, programas, normativa y acciones que contribuyan a su inclusión en la sociedad (Art. 1 de la Ley).
