Observaciones:
Esta medida prioritaria tiene un carácter bastante amplio: por un lado, la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas públicas para garantizar la igualdad de género, y por el otro, la articulación entre los poderes del Estado y entre los actores sociales (el Estado y la sociedad civil). En este último caso en particular, se incorpora la idea de que las desventajas sociales son relacionales y, por lo tanto, es necesario relacionar el género con la clase social, la raza, la edad, la región, la etnia, la capacidad física, la sexualidad y todas aquellas variables que permitan ver las diferencias entre mujeres o entre grupos. De manera específica, algunos elementos se retoman en la MP 47 (centrada en el fortalecimiento de mecanismos institucionales para la construcción de políticas que garanticen la autonomía de las mujeres y la igualdad de género), la MP 49 (orientada a la promoción de presupuestos sensibles al género para lograr la igualdad en la asignación de recursos del sector público) y la MP 62 (centrada en los sistemas de estadísticas y en la necesidad de contar con información desagregada por sexo y otras características demográficas y socioeconómicas) de este capítulo.
La inclusión de la perspectiva de género y su intersección con los grupos étnicos se abordan en el capítulo H, sobre pueblos indígenas, y en el capítulo I, sobre personas afrodescendientes.
Otros instrumentos, instancias y mecanismos relacionados:
Consenso de Santo Domingo, acuerdos 112 y 34; y la meta 5.c de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
