Art.1°. (Solicitud de Información por parte de ciertas instituciones) .- Toda Institución pública o privada preteneciente al área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, deberán solicitar a la Dirección Nacional de Policía Cientifica que expidan un certificado informado si la persona a ser contratada tiene antecedentes judiciales por la comisión, de cualquier calidad, de los siguientes delitos: A) Violación, B) Abuso Sexual C)Abuso Sexual especialmente agravado D) Atenntado violento al pudor E) abuso sexual sin contacto corporal F) Corrupción, G) reducción de personas a la esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso H) Esclavitud sexual I) Unión matrimonial o concubinaria forzada o servil J) prostitución forzada K) Los consagrados en la Ley N° 17.815, de 6 de setiembre de 2004
Medidas preventivas para Instituciones que impliquen trato directo con Niñas, Niños, Adolescentes, Personas con Discapacidad y Personas Mayores en situación de dependencia
Fecha
Beneficiarios
Niños, Niñas, Adolescentes, Persona con Discapacidad y Persona Mayor en situación de dependencia
País
Tipo
Ley
Institución responsable
Medidas prioritarias directas
Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sin ningún tipo de discriminación, las oportunidades para tener una vida libre de pobreza y de violencia, la protección y el ejercicio de derechos humanos, la disponibilidad de opciones, y el acceso a la salud, la educación y la protección social.
Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes las oportunidades y capacidades para una sana convivencia y una vida libre de violencia, mediante estrategias intersectoriales que incluyan actuar sobre los determinantes que dificultan la convivencia y promueven la violencia, que brinden una formación que promueva la tolerancia y el aprecio por las diferencias, el respeto mutuo y de los derechos humanos, la resolución de conflictos y la paz desde la primera infancia, y aseguren la protección y el acceso oportuno a la justicia de las víctimas y la reparación del daño.