Consulta Pública Sobre Políticas Vinculadas A Los Derechos De Las Personas Africanas Y Afrodescendientes

Fecha

La agenda de trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos incluye la creación e implementación del Programa Nacional Afro como organismo coordinador de las acciones del Decenio y la articulación a través de una mesa interministerial de políticas públicas hacia la comunidad afro.

Estas iniciativas se enmarcan en la posición argentina, que este año tiene la presidencia Pro Tempore del MERCOSUR, de profundizar la defensa de los derechos humanos en grupos especialmente vulnerados durante la pandemia y contribuir a que este organismo regional sea cada vez más solidario, antirracista, promueva la justicia social y el desarrollo para todos sus pueblos.

Objetivo general

Compartir las estrategias regionales, los avances y desafíos del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes; a traves de grupos de trabajo: Políticas Públicas y Acciones Afirmativas para personas Afrodescendeintes; Violencia Institucional y Combate al Racismo; e Interseccionalidad.

Beneficiarios
Personas Afrodescendientes.
País
Tipo
Específico de la Acción o Instrumento
Institución responsable
Secretaría de Derechos Humanos
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Temas / Capítulos
 I. Afrodescendientes
Medidas prioritarias directas

I.92 - Respeto y aplicación de la Declaración y Programa de Acción de Durban con plena participación de afrodescendientes

Respetar y aplicar las disposiciones de la Declaración y el Programa de Acción de Durban aprobados por la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, adaptando los marcos jurídicos y formulando las políticas necesarias para su implementación, con la plena participación de las personas afrodescendientes.

I.96 - Promoción del desarrollo en poblaciones afrodescendientes

Promover el desarrollo de las poblaciones afrodescendientes, a través de la implementación de políticas públicas, la elaboración de normas y la creación de una institucionalidad rectora que lleve adelante sectorialmente políticas, planes y programas de acción afirmativa que integren los principios de igualdad y no discriminación en todos los niveles de gobierno, con la participación de la sociedad civil organizada en todo el proceso de diseño, implementación y evaluación de dichos instrumentos.