Proyecto De Fortalecimiento De Las Economías Comunitarias En Los Territorios De Pueblos Indígenas, Afroecuatorianos Y Montubios

Fecha

Se busca fortalecer la gobernanza y la planificación de inversiones para el desarrollo de los PIAM, preparando e implementando subproyectos territoriales que contribuyan a la buena gobernanza, la generación de ingresos, la soberanía alimentaria, el mejoramiento de los medios de vida y la inclusión financiera.
Adicionalmente promover el acceso de los PIAMs a un rango más amplio y una mayor calidad de oportunidades de desarrollo profesional y de empleo.

Objetivo general

Contribuir al fortalecimiento las economías comunitarias, gobernabilidad y accesibilidad de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios (PIAM) en los territorios priorizados, de acuerdo con su visión y prioridades de desarrollo y apoyar al alivio del COVID-19 en el Ecuador

Beneficiarios
1.476.466 personas
País
Tipo
Específico de la Acción o Instrumento
Institución responsable
Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades
Temas / Capítulos
 H. Pueblos Indígenas
I. Afrodescendientes
Medidas prioritarias directas

H.85 - Derechos de pueblos indígenas

Respetar y aplicar las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como las del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, exhortando a los países que aún no lo han hecho a firmarlo y ratificarlo, adaptando los marcos jurídicos y formulando las políticas necesarias para su implementación, con la plena participación de estos pueblos, incluidas las personas indígenas que viven en ciudades.

I.96 - Promoción del desarrollo en poblaciones afrodescendientes

Promover el desarrollo de las poblaciones afrodescendientes, a través de la implementación de políticas públicas, la elaboración de normas y la creación de una institucionalidad rectora que lleve adelante sectorialmente políticas, planes y programas de acción afirmativa que integren los principios de igualdad y no discriminación en todos los niveles de gobierno, con la participación de la sociedad civil organizada en todo el proceso de diseño, implementación y evaluación de dichos instrumentos.