Atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin, se implementan planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes.
Reconoce a las comunidades indígenas personería jurídica, que se obtiene mediante inscripción en el Registro de comunidades indígenas, y las relaciones entre los miembros de las comunidades indígenas se regirán de acuerdo a las disposiciones de las leyes de cooperativas, mutualidades u otras formas de asociación.