Costa Rica cuenta con un marco jurídico que tutela los derechos y obligaciones de las personas extranjeras que habitan en el país. Este marco incluye los instrumentos de protección internacional ratificados por el Estado, las distintas leyes y la jurisprudencia.
Por su parte la Ley General de Migración y Extranjería 8764, establece en su artículo 6 las orientaciones de la política, el 7 la implementación de acciones conjuntas, por medio de la coordinación interinstitucional, a fin de brindar una respuesta efectiva a la situación migratoria. Asimismo, buscará impulsar acciones binacionales o multinacionales con los países expulsores de población migrante tendientes a conseguir y el 8 es la planificación de la política, que involucra a los insumos que deben considerarse para su formulación.
Esta política refleja los compromisos del Estado costarricense en los 10 años del período que cubre la política, para gestionar y controlar los flujos migratorios y procurar la integración de las personas migrantes a la sociedad costarricense, igualmente la promoción del desarrollo nacional a través de la articulación interinstitucional en materia migratoria.
Los enfoques de la política son: derechos humanos, género, diversidad, integración, desarrollo humano sostenible, participación social, seguridad humana, integralidad, interculturalidad, etario, prevención social, equiparación de oportunidades.
En cuanto a los principios la política contempla: igualdad, equidad, no-discriminación, exigibilidad, solidaridad, corresponsabilidad, respeto a los derechos laborales, interés superior del niño, niña y adolescente.
La política la conforman tres ejes: Servicios migratorios (regularización migratoria, gestión de la información y seguridad jurídica, costarricenses en el exterior y fronteras seguras); Integración y desarrollo (Empleo, salud, educación, cultura y sociedad, fomento económico); Protección de derechos humanos y grupos vulnerables (tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, poblaciones vulnerables, refugio, asilo y apatridia.
Establecer un sistema de coordinación interinstitucional por parte del Estado costarricense que promueva una efectiva gestión de la realidad migratoria, consecuente con las necesidades del desarrollo integral de la nación, la seguridad nacional y el respeto a los derechos humanos.
