El Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas será de aplicación obligatoria a la Administración Pública Central. Sin perjuicio del principio de separación de poderes consagrado en la Constitución Política y el régimen de autonomía que corresponda de conformidad con las disposiciones legales y constitucionales pertinentes, los Poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, sus dependencias y órganos auxiliares, municipalidades, universidades estatales, instituciones autónomas, semiautónomas, empresas públicas, así como las empresas privadas que administran bienes públicos o ejecutan potestades públicas, podrán aplicar la presente normativa como marco de referencia para sus normas propias.
Los Gobiernos Locales podrán solicitar de forma voluntaria la activación del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, en caso de que se promuevan políticas públicas o medidas administrativas en general, que afecten los derechos de los pueblos indígenas presentes en sus cantones. La Unidad Técnica de Consulta Indígena (UTCI) tramitará dichas solicitudes de igual forma que las solicitudes interpuestas por las instituciones públicas del Poder Ejecutivo.
Reglamentar la obligación del Poder Ejecutivo de consultar a los pueblos indígenas de forma libre, previa e informada, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas administrativas, proyectos de ley promovidos por el Poder Ejecutivo o proyectos privados, susceptibles de afectarles.
