El instrumento utiliza una combinación de dos enfoques para la identificación de la pobreza: el del bienestar económico y el de los derechos sociales, definiendo que “…una persona es pobre si es carente tanto en el espacio del bienestar como en el espacio de los derechos.” El espacio del bienestar económico radica en las condiciones que limitan la libertad de las personas para desarrollarse plenamente, reconociendo habitualmente en este sentido el papel central del ingreso para la adquisición de bienes y servicios que se vinculan a la satisfacción de necesidades básicas. Por su parte, el enfoque de los derechos sociales parte del reconocimiento de los derechos humanos como la expresión de las necesidades, valores, intereses y bienes que, por su urgencia e importancia, han sido considerados como fundamentales y comunes a todos los seres. Se basa en la premisa de que toda persona debe contar con una serie de garantías indispensables para su dignidad, que al ser adoptadas dentro del marco jurídico nacional, o ratificadas mediante la firma de instrumentos internacionales, se convierten en obligaciones para el Estado. Desde esta perspectiva la pobreza constituye una negación de los derechos humanos y, la unidad de análisis que corresponde utilizar es la persona, al ser los derechos inalienables. En lo que refiere al bienestar económico, la operacionalización al caso uruguayo se realiza utilizando el ingreso de los hogares aplicando la línea de pobreza 2006 (INE) como umbral, es decir, la medida oficial de pobreza monetaria en nuestro país. En el caso del enfoque de derechos, se parte de considerar los derechos sociales planteados en CONEVAL. Estas dimensiones fueron adaptadas en función del marco jurídico nacional uruguayo y de la información disponible en la Encuesta Continua de Hogares (ECH) 2013; lo cual implica tomar ciertas decisiones que se apartan en cierto sentido de la metodología original de CONEVAL. En primer lugar, y como consecuencia del propio enfoque adoptado, los indicadores y umbrales de carencia se establecen en función del marco jurídico nacional, por lo que no necesariamente coinciden con los utilizados en la metodología original. Asimismo, las dimensiones de vivienda y acceso a servicios se colapsan en una única dimensión, decisión que se fundamenta en la Ley 13.728 -Plan Nacional de Viviendas- en Uruguay, la cual establece que para que una vivienda pueda cumplir con los mínimos habitacionales debe satisfacer los requerimientos de materiales de construcción, conservación y acceso a los servicios. Otra modificación a la metodología CONEVAL implica la no inclusión de la dimensión alimentación, por no contar con datos en la fuente de información utilizada. De esta forma, quedaron definidas las siguientes dimensiones: vivienda y servicios, educación, salud y seguridad social.
Establecer la metodología para la medición de la pobreza multidimensional, tomando aspectos económicos y medibles por los instrumentos económicos, como de vulnerabilidad de derechos y otras carencias.
