La Constitución de la República, en el Art. 156, dispone que los consejos nacionales para la igualdad son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. (...) ejercerán atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de (..) discapacidades..., de acuerdo con la ley. Para el cumplimiento de sus fines se coordinarán con las entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de gobierno.
En este mismo sentido la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, en el Art. 9, ratifica las disposiciones constitucionales, en este marco en coordinación con el Consejo de la Judicatura, publican:
El “Manual de Atención en Derechos de Personas con Discapacidad en la Función Judicial” se construyó y fue validado a través de mesas de trabajo y entrevistas en la ciudad de Quito con juezas, jueces, agentes fiscales, defensoras y defensores públicos, Defensoría del Pueblo y actores especializados.
Consta de seis protocolos de atención: uno general y cinco divididos por materia (civil, garantías jurisdiccionales, familia, laboral y penal), en los
cuales se evidencia las dificultades de acceso a la justicia de las personas con discapacidad a través de ejemplos –que en su mayoría fueron recogidos de los aportes de las y los participantes en las mesas- para concretar recomendaciones prácticas de acuerdo a cada ámbito.
Sensibilizar y capacitar a los servidores judiciales, en todos los niveles, sobre la correcta atención a las personas con discapacidad
